Responde al nombre de Ángel Heladio Aguirre Rivero, el factor principal de la crisis político-judicial más severa que ha enfrentado la administración de Enrique Peña Nieto, porque trascendió fronteras e involucró a agentes extranjeros para procesar mediáticamente a las autoridades de procuración e impartición de justicia de México, no exentas de yerros que van más allá de la inexperiencia.
La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos, enclavada en la localidad de Ayotzinapa, consecuencia de asuntos de narcotráfico y crimen organizado que tenían el entonces presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, al factor infiltrado en el gobierno local, no se disocia en absoluto de Aguirre Rivero, a la sazón gobernador del estado de Guerrero.
Sin embargo, el exgobernador, amigo personal del presidente Enrique Peña Nieto, después de una llamada de atención –mediante el encarcelamiento de su hermano y amigos– cuando pretendió sacar la cabeza y ungirse líder opositor desde el exilio político, vive en la impunidad y todo indica que el ajuste de cuentas en aras de fincar bases de pretendida convicción oficial en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, solo tocará a tres compadres, los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
¿Por qué proteger a Ángel Heladio Aguirre Rivero? ¿Por qué el brazo justiciero del gobierno de Enrique Peña Nieto no alcanzó a Jesús Ortega y Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Guadalupe Acosta Naranjo, que tuvieron vela en la unción de José Luis Abarca como candidato a presidente municipal de Iguala? ¿De qué tamaño fue la negociación que Peña Nieto y su equipo del primer círculo aceptó culpas ajenas?
Después del primero de diciembre de 2018 fluirán versiones, se develarán secretos. Bueno, si no es que antes alguno de los convidados abre su caja de Pandora cuando se quede fuera del reparto de utilidades. Así es esto de la política de las ligas mayores. No hay juramentos de sangre eternos.
Por eso es interesante la embestida del alto mando priista para desactivar, –mediante acción de inconstitucionalidad fincada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación– los muros de protección, de manufactura legaloide, erigidos con la anuencia de sus soldados legisladores por los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Horacio Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo.
Esta es una verdadera urgencia que incluso pilló con las manos entre la puerta al senador Emilio Gamboa Patrón, amigo personal y operador a trasmano de Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua; amigo de Borge Angulo, mandatario de Quintana Roo, y de Duarte de Ochoa, aún jefe del Ejecutivo veracruzano que cuenta a sus amigos con los dedos de la mano después de que durante su gestión estuvo rodeado de dizque incondicionales que hoy hacen maletas para evitar cualquier señalamiento judicial.
Ayer, Emilio Gamboa debió tragar sapos y aguantar las ganas de defender a sus amigos –evidencia de que no hay juramentos de hermandad eterna—y acompañó a Enrique Ochoa Reza, líder en turno del partido que lo ha encumbrado y hecho multimillonario y vendedor de favores.
Y es que, finalmente, Ochoa Reza echó mano del recurso de limpieza de la casa, para allanarse legitimidad, y solicitó al senador Arturo Zamora Jiménez –un brillante abogado y vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República—elaborara el documento mediante el cual el PRI solicita al presidente del órgano legislativo, el panista Roberto Gil Zuarth, pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolución preferente a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas el pasado día 11 por la procuradora Arely Gómez, contra actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.
De acuerdo con la solicitud elaborada por Zamora Jiménez y entregada a Gil Zuarth, los congresos de dichas entidades dieron acceso y resolución afirmativa a “diversas reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, cuyos postulados son contrarios a las disposiciones constitucionales y legales en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2015 y el 20 de julio de 2016, respectivamente”.
En pocas palabras, Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo procedieron como virreyes y mediante leyes a modo, pretendieron tejer su personal manto de impunidad. Pero en Los Pinos la decisión fue en su contra y, como ejemplares del coto de caza sexenal, sus zaleas lucirán como emblema del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y Ángel Heladio? ¡Salud!, compadre. Digo.

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