El inicio de este nuevo periodo escolar, para la mayoría de las y los niños es motivo de alegría, pero no obstante que en la fracción cuarta del artículo tercero constitucional y en el discurso oficial se mantiene que la educación que imparte el Estado es gratuita, la mayoría de padres y madres se enfrenta al endeudamiento para cubrir los requerimientos que su hijos necesitan para iniciar clases, que en promedio es de 10 mil pesos para adquirir útiles y uniformes, acorde a las características de cada una de las escuelas, como si la diferencia de diseño y colores de los uniformes garantizara la calidad educativa; sin embargo, en las aulas prevalece la obsoleta memorización como práctica de aprendizaje.
Vivimos una educación de baja calidad sin proyecto de mejoramiento, con un rezago científico y tecnológico sin una cultura de innovación en las actividades productivas que están en el umbral de la recesión; una insultante desigualdad, por la agudización de la pobreza frente a la concentración de grandes riquezas, y los estragos generados por los recortes presupuestales; vivimos con un alto grado de corrupción y una incontrolable y creciente criminalidad; por si faltara algo, el conflicto por la llamada reforma educativa, cuyos actores en franca intolerancia no han hecho más que polarizarlo, atropellando a la sociedad en general.
Es cierto que la economía mexicana ocupa el lugar 15 en el contexto internacional, no obstante ese ranking no nos ha asegurado un desarrollo donde la pobreza disminuya, no por medio del manejo espurio de estadísticas y la publicidad oficial, sino por la condición real de bienestar de la mayoría de las y los mexicanos, porque el conflicto magisterial entorno a la reforma educativa está llevando al país a un callejón sin salida donde nadie gana, todos ponen y todos perdemos; como ciudadanos asistimos a la corrosión de nuestras fuerzas productivas y sociales con una educación a la deriva.
Hoy es cuando tenemos que lograr consolidar nuestro sistema educativo, llevarlo a los mejores niveles de calidad sin quitarle el gran sentido social, cuya categoría le otorgó el artículo tercero constitucional, por lo que es un derecho humano y no una mercancía más.
“La educación preescolar, primaria y secundaria conforma la educación básica, y ésta y la media superior serán obligatorias” dice el texto del primer párrafo de dicho artículo, debiera agregarse también la superior.
La estrategia para convertir a la educación en un mercado es, por una parte, presentarla como carente de calidad y, por otra, habilitar mecanismos para que la modernización tecnológica quede en manos de empresas trasnacionales, facilitando que la banca otorgue préstamos a familias mexicanas y privatizar la contratación de docentes y administrativos.
David Brooks difundió que la educación alcanzó el segundo lugar en el mercado al llegar a un valor de 2 billones de dólares, siendo pioneras las empresas dedicadas a vender exámenes estandarizados para aplicar tanto a docentes como a alumnos y a las instituciones educativas. Las financieras Goldman Sachs y JP Morgan Chase ya tienen fondos de inversión destinados a la educación.
El desmantelamiento de la industria paraestatal y de la economía mixta en la década de 1970 tuvo como estrategia desprestigiar la intervención del Estado en la economía, haciendo quebrar a las empresas con participación pública y corrompiendo al sector cooperativo que era la economía social, junto al ejido como unidad básica de producción agrícola.
Este esquema corresponde a los lineamientos del llamado Consenso Washington (J Williamson 1990), que establece como elemento fundamental la privatización de las empresas públicas, liberar el mercado y dar prioridad a la inversión extrajera directa en lugar de la inversión pública, porque favorece a las grandes empresas que son eminentemente innovadoras, sustentando su operación e inserción en los mercados en la propiedad intelectual, vigilar la estricta disciplina fiscal, lo que se traduce en recortes presupuestales para no dar lugar al déficit fiscal y reducir las tasas marginales a los impuestos, a los ingresos mayores, ampliando la base de contribuyentes.
El Consenso Washington constituye el marco referencial del modelo económico que aplican nuestras autoridades y el fundamento de las llamadas reformas estructurales, cuyos efectos sociales son desastrosos. Y usted ¿qué piensa?

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