El gobierno de Donald Trump anunció sanciones al régimen de Nicolás Maduro al día siguiente de las impugnadas elecciones para la Asamblea Constituyente realizadas el domingo 30 de julio sin llegar a la medida extrema que habían anunciado antes: suspender la compra de petróleo crudo de Venezuela, el tercer país exportador más importante para Estados Unidos.
El Departamento de Tesoro norteamericano ordenó sanciones a Maduro al incluirlo en la lista de la Oficina del Control de Activos en el Extranjero. Esta medida se suma a las sanciones anunciadas el 26 de julio contra otros 13 funcionarios venezolanos. Esto significa la prohibición a ciudadanos estadunidenses para realizar transacciones comerciales y financieras con los acusados, así como el congelamiento de cuentas bancarias.
Estas sanciones de la administración Trump perfilan el tipo de “intervención” que Estados Unidos prepara en Venezuela: repetir el modelo en contra de Manuel Antonio Noriega, el ex hombre fuerte de Panamá, expulsado del poder en 1989, durante el gobierno de George W Bush, bajo el pretexto de sus vínculos con el narcotráfico.
Noriega fue una pieza útil para Estados Unidos cuando se le necesitó en la triangulación de fondos provenientes del narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense. El control de la zona del canal de Panamá derivó en el montaje de una intervención para defender la “democracia” en el país centroamericano cuando Noriega se volvió demasiado peligroso y fuera del control de Washington.
El caso de Maduro es diferente al de Noriega, pero la receta que ensaya Estados Unidos es similar: perfilar al actual gobernante venezolano no solo como un personaje autócrata, torpe y represivo sino también como un presunto cleptócrata vinculado al narcotráfico.
La corrupción ahora es el nombre del juego para justificar la intervención en Venezuela. La fiscal general del país Luisa Ortega Díaz denunció que el gobierno de Maduro va tras su cabeza para evitar que siga investigando casos de corrupción como el pago a la constructora brasileña Odebrecht por 30 mil millones de dólares.
“Hemos corroborado que hay muchos funcionarios activos que aparecen involucrados en estas irregularidades. Quieren que se protejan de forma inconstitucional dictando sentencias contra el Ministerio Público, quiere protegerse del desfalco a la nación con un falso discurso antiimperialista”, subrayó la fiscal Luisa Ortega.
Ortega fue una firme defensora del gobierno de Hugo Chávez y una crítica frontal de Maduro y del reciente proceso de elección de la Asamblea Constituyente por considerar que “estamos frente a una ambición dictatorial”.
Ya sea por presuntos vínculos con el crimen organizado o por corrupción, la Casa Blanca ya tiene perfiladas las baterías para intervenir y remover a Nicolás Maduro, en un ensayo peligroso de polarización social en Venezuela y de doble cara diplomática que afectará a toda la región, no solo al país andino.
¿Acaso no la mayoría de los gobiernos de América Latina tienen las mismas características que el régimen de Venezuela? ¿Acaso los mismos supuestos no se aplican para el gobierno de Enrique Peña Nieto en México?
Este es el problema del alineamiento del gobierno de Peña Nieto a la nueva aventura intervencionista de Estados Unidos: al colocarse en el “consenso” de la condena al régimen de Maduro se da un balazo en el pie y pretende justificar el abandono de principios diplomáticos de México que son el resultado histórico de una larga lucha por la autodeterminación frente a Washington.
Quizá piensan el canciller Luis Videgaray y su jefe Enrique Peña Nieto que así se “protegen” de la furia de Trump y de posibles acusaciones en su contra para salvarse en la sucesión de 2018. No se dan cuenta que simplemente se vuelven más vulnerables frente al bullying cotidiano del autócrata de la Casa Blanca y embarcan a la diplomacia mexicana a una aventura peligrosa.
La empresa encuestadora Parametría confirmó recientemente que la aventura contra Venezuela y contra el gobierno de Maduro no tiene el respaldo mayoritario de la opinión pública mexicana, a pesar de la intensa campaña mediática y del activismo de personajes de dudosa autoridad moral como los expresidentes Vicente Fox o Felipe Calderón.
Según la encuesta en vivienda realizada a 800 personas entre el 24 y el 30 de junio pasado, 96 por ciento considera mala la situación económica y social de Venezuela, pero 52 por ciento está en contra de que el gobierno mexicano opine sobre la situación interna de este país, solo 37 por ciento está de acuerdo y 64 por ciento está en desacuerdo con la intervención del gobierno mexicano en los asuntos internos del país andino.

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