Como publicó oportunamente el comité ejecutivo, legalmente reconocido, del sindicato de la empresa TAMSA, ubicada en el puerto de Veracruz, el viernes 24 de marzo, un grupo de hombres armados, la mayoría disfrazados de obreros con flamantes uniformes de la empresa aludida y respaldados por una minoría de pistoleros profesionales con armamento de alto poder de fuego y movilizados en ostentosos vehículos último modelo, atacaron el auditorio ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, propiedad legal del dicho sindicato, donde se celebraba una asamblea informativa convocada por los dirigentes. La primera embestida corrió a cargo de los golpeadores disfrazados de obreros, quienes hicieron fuego indirecto con armas cortas y de bajo calibre. La gente reunida, que no había notado la presencia de los pistoleros profesionales, optó por parapetarse en el interior del inmueble e incluso comenzó a repeler a los asaltantes con piedras y palos que hallaron a su alcance. Rechazado así el primer asalto, entraron en acción los verdaderos sicarios, que entraron accionando sus poderosos rifles de asalto y apuntando directamente a la masa de trabajadores. El saldo fue de dos obreros muertos, Pedro Cruz Maldonado y Margarito Molina García, y uno de los policías que resguardaban el local por órdenes del gobierno del estado. Hubo además 14 heridos de bala, ocho de los cuales se reportan muy graves a la hora en que escribo estas líneas.
Dado el contexto político veracruzano, creo indispensable aclarar, antes de seguir, que en todo el desarrollo del conflicto el movimiento antorchista de Veracruz (y nacional) no ha tenido ninguna intervención, que ninguno de los actores principales, de los muertos o de los heridos pertenece a sus filas y que, por tanto, al ocuparnos del asunto solo buscamos ejecutar un acto de congruencia político-social de nuestra organización, que en sus 43 años de lucha contra la pobreza y la injusticia, nunca ha traicionado sus ideales ni ha dado jamás la espalda a los débiles y desamparados para granjearse la simpatía de los poderosos. Hoy pasamos lista de presentes al lado de los obreros de TAMSA, porque estamos seguros de que el derecho y la razón están de su parte, y eso basta para sentirnos obligados a tenderles nuestra mano solidaria sin ningún interés ni condición. Dicho esto, retomo el hilo de mi artículo.
No creo necesario ni útil meterme a desembrollar la madeja legaloide que se ha tejido en torno al conflicto, a pesar de que he leído con cuidado la versión de los directivos de la empresa al respecto. Pienso que basta y sobra con subrayar enérgicamente que el “líder sindical” que ellos defienden públicamente, el señor Pascual Lagunes Ochoa, se hizo con el poder sindical de TAMSA en 1990, es decir, que lleva nada menos que 26 años como gerifalte indiscutido de los obreros de TAMSA. Entiendo que eso no basta para concluir que se trata de un dictador abusivo, corrupto y antidemocrático; es más, bien visto el asunto, puede ser prueba de lo contrario, es decir, que se trata de alguien que ha sabido conservar el cariño, el apoyo y la confianza de sus representados, razón por la cual lo han reelegido una y otra vez. Para saber, pues, quién es realmente Pascual Lagunes Ochoa, Antorcha hizo una encuesta rápida entre los obreros de base y esto fue lo que encontró:
a) El 100 por ciento de los entrevistados lo califica, sin vacilar, como un incondicional de la empresa a quien poco o nada le preocupan los problemas de sus agremiados. A pesar de esto, no todos descalifican su gestión.
b) Casi 80 por ciento acusa a Lagunes Ochoa de nepotismo descarado, es decir, que ha impuesto a familiares cercanos suyos en los principales cargos sindicales.
c) Más de 70 por ciento lo acusa de haber “entregado” (sic) a la empresa; prestaciones como el día libre por onomástico del trabajador, rebaja del número de días de vacaciones pagadas, rebaja del monto de la despensa del trabajador. d) El 80 por ciento asegura que jamás ha rendido un informe sobre el manejo y destino de las cuotas sindicales.
e) Poco más de la mitad asegura que se ha quedado con el seguro de vida de muchos trabajadores en vez de entregarlos a sus legítimos beneficiarios.
f) Un 70 por ciento dice que Lagunes Ochoa cobró la pensión de extrabajadores acumulada por más de 20 años, que ascendía a 435 millones de pesos, mismos que se embolsó íntegros.
g) Casi todos lo acusan de hacer negocio con la venta de plazas.
h) Igual cantidad de obreros lo acusan de abuso de poder y malos tratos. Aunque no a todos parece importarles en igual medida, es un rumor absolutamente generalizado que Pascual Lagunes ha acumulado, en 26 años de liderazgo forzado, una fortuna personal que difícilmente se explica por el salario que formalmente devenga.
Esto dice la encuesta, pero, ¿es verdad todo eso? ¿Qué más hay que pueda respaldar esta información? Aquí es donde entra en escena y cobra relevancia la sustancia del conflicto de que nos venimos ocupando. En agosto de 2012, un grupo de obreros encabezados por José Carlos Guevara Moreno, el Profe, levantó como bandera de lucha las acusaciones antes enumeradas y se lanzó a pelear a Lagunes Ochoa la representación del sindicato; y lo revelador del asunto es que, a pesar de las presiones y represiones de la empresa y de los golpeadores a su servicio, la planilla del Profe ganó la elección celebrada en octubre de 2012. La respuesta fue que, en 2013 y alegando cualquier pretexto, el Profe y 380 de sus seguidores fueron despedidos. A partir de ese momento, empresa y sindicato espurio aceleraron la contratación de “gente segura” por decenas y cientos, a pesar de lo cual, en septiembre de 2016, el Profe volvió a ganar la elección a pesar de hallarse despedido. Como remate a todo esto, el 30 de enero de este 2017, la Secretaría del Trabajo le otorgó finalmente la toma de nota. De este modo, dígase lo que se diga y sin importar quién lo diga, José Carlos Guevara Moreno es, a la fecha, el dirigente legal y legítimo del sindicato de TAMSA, y es esto, precisamente, lo que viene a confirmar de modo irrefutable las opiniones y quejas que recogió nuestra encuesta y la imperiosa necesidad de un cambio en la política sindical de TAMSA.
Ciertos medios han dicho que lo ocurrido en Boca del Río fue un enfrentamiento entre obreros de la empresa y la gente del Profe, que se había apoderado violentamente del edificio sindical. El enfrentamiento no se sostiene porque los muertos y heridos son de un solo lado, del bando del Profe, los agresores, en cambio, salieron todos ilesos; y la toma “ilegal y violenta” se sostiene menos aún si se recuerda que el inmueble es propiedad legal del sindicato y que quien lo ocupaba es precisamente la base sindical y su directiva legalmente reconocida. Ítem más: para poder entrar al edificio, el Profe y los suyos dieron parte al secretario de Gobierno de Veracruz, quien les proporcionó cinco patrullas para resguardo de la seguridad de los asambleístas. Tan fue así que, además de los dos obreros, en el lugar fue abatido también un policía, cuya identidad, muy sospechosamente por cierto, se mantiene oculta. La vida del Profe, a estas alturas, pende de un hilo. Tampoco hacen falta pruebas del carácter patronal de Pascual Lagunes y su gente; basta para ello el desplegado que la propia empresa TENARIS TAMSA publicó con fecha 14 de febrero, dirigido al presidente de la República, en el cual descalifica y rechaza la toma de nota que la STPS otorgó al sindicato encabezado por el Profe y defiende abiertamente la legitimidad del sindicato espurio encabezado por Pascual Lagunes. Con esto pone totalmente al descubierto el tipo de relación que hay entre ellos. No solo eso. Al recusar la decisión de la autoridad competente y pronunciarse abiertamente a favor de una de las partes, la empresa se inmiscuye de modo innegable en un asunto de carácter exclusivamente sindical, con lo cual viola flagrantemente la Ley Federal del Trabajo que le veda una acción semejante. No conforme con eso, la empresa “advierte” al presidente de la República que la decisión de la STPS puede “resultar en una alteración de la seguridad y la paz” en la empresa, lo cual, bien leído y entendido, es una clara amenaza. Por tanto, los hechos del viernes 24 de marzo pueden y deben calificarse como amenazas cumplidas.
El desplegado de la empresa, además, se anula a sí mismo por la evidente contradictio in adjecto que encierra: por una parte, se inmiscuye francamente en un asunto de carácter laboral, cosa que le prohíbe expresamente la LFT en vigor; por otro, asegura al final que TAMSA es “absolutamente respetuosa de la libertad y la autonomía sindical”. Ambas cosas son totalmente incompatibles entre sí, implican una contradicción irreductible en los términos del documento que le resta toda credibilidad racional. El respeto a la ley, a la libertad y a la autonomía sindicales solo pueden demostrarse, en este caso, acatando la resolución de la STPS y sentándose a dialogar con el sindicato legalmente elegido por los trabajadores, lo demás es palabrería hueca y, por añadidura, absurda. Hay algo más: a la vista de la masacre del viernes 24, la empresa publica otro desplegado en el que, haciendo gala de jesuitismo, lamenta las muertes ocurridas y envía sus condolencias a los familiares, un pésame que suena a burla sangrienta. En cambio, no dice una palabra sobre los autores intelectuales y materiales del crimen ni de su abierto apoyo a Pascual Lagunes y los suyos. Comparto con TAMSA la preocupación por la paz y la tranquilidad de las empresas para laborar, pero añado que esto es necesario no solo en su empresa, sino en el país entero. Es toda la nación la que necesita y exige un sindicalismo libre e independiente del control de los charros y de las empresas; un necesario contrapeso al poderío económico y a la perniciosa influencia política de ambos. Cualquier otra solución, impuesta por la fuerza o mediante chicanas legaloides, solo aplazará un conflicto que, tarde o temprano, volverá a explotar, allí o en cualquier otro lugar del país.

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