Tres décadas después de que el gobierno federal, entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari, ordenara una requisa para quitarles la operación portuaria a los socios del sindicato de maniobristas y a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, obreros de ese gremio retomaron su lucha y ahora piden al presidente Andrés Manuel López Obrador anular la medida ejecutada en 1991 y reponerles a los trabajadores su patrimonio.

Desde hace poco más de un año, unos 550 socios –sobrevivientes de aquel golpe bajo– endurecieron sus posiciones y, con documentos y evidencias, han reconstruido paso a paso lo que ellos llaman “el vil despojo” que orquestó el entonces presidente Carlos Salinas para arrebatarles un negocio multimillonario que hoy explotan agentes aduanales de Veracruz, un consorcio chino –Hutchinson Ports– y presuntos políticos que habrían utilizado testaferros para apoderarse del meganegocio portuario.

La requisa operada en 1991 por el gobierno federal, dicen los trabajadores afectados, fue uno de los golpes más severos que asestó el neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas descomunales al amparo del negocio portuario.

Esta semana, una comisión de trabajadores y su representante legal Alejandro Pulido Cueto sostuvieron una reunión en Veracruz con funcionarios enviados por el gobierno federal. Se trata de Paloma Rachel Aguilar Correa, administradora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Enrique Ibarra Illescas, representante de la Secretaría de Gobernación.

Por primera vez en 30 años, los trabajadores expusieron con lujo de detalle lo que ocurrió en 1991, cuando el gobierno federal tomó el control del puerto de Veracruz y comenzó a realizar maniobras fraudulentas para adjudicarse los bienes que formaban parte del patrimonio de los maniobristas, cuyos agremiados a su vez, eran socios de la Servicios Portuarios de Veracruz. Ambas –sindicato y empresa– fueron disueltas en aquella arremetida oficial.

En una amplia relatoría de hechos, el apoderado legal de los obreros Alejandro Pulido detalló lo ocurrido: Expuso que en 1991 el gobierno federal ordenó una requisa administrativa, laboral y financiera. El objetivo, explicó, fue detentar el control y manejo de toda la actividad portuaria y, para ello, dice, el gobierno federal se alió con compañías extranjeras, agencias navieras y agentes aduanales, a fin de apropiarse “de las enormes ganancias que produce la actividad portuaria”.

Los golpes del gobierno federal fueron contundentes para consumar el despojo, dice. Por ejemplo, la agrupación estaba exenta de pagar el impuesto sobre la renta. Así estaba establecido desde su constitución, en 1975.

Sin embargo, ambos fueron auditados. Jesús Ortiz Ursúa, entonces administrador fiscal de Veracruz, ordenó la intervención para verificar si los pagos de impuestos y contribuciones federales estaban al corriente

Encontraron que el sindicato, por ejemplo, debía 15 mil 322 millones de viejos pesos por concepto de impuesto sobre la renta y los obligaron a pagar el adeudo, no obstante estaba exento de dicho impuesto, según relató el apoderado legal.

Paralelamente, Roberto Ríos Ferrer y Hugo Cruz Valdés, entonces representantes del gobierno federal, intervinieron y se anclaron como operadores de la misma, ya en marcha la requisa.
Mediante presiones políticas y otras argucias legales e ilegales convocaron a los socios del grupo de maniobristas y les pidieron que se debía conformar una comisión liquidadora del sindicato, sin asamblea de por medio. Luego, los socios otorgaron un poder general a los miembros de la comisión en la que detectaron hasta firmas falsas. Para ello, contrataron los servicios del notario público 31 Isidro Rendón quien se prestó al enjuague y otorgó la escritura pública 6,225, con la cual la comisión liquidadora pudo tomar decisiones respecto del patrimonio sindical.

Según explicó Pulido Cueto, en ese entonces existía una mesa directiva que regía los destinos de la asociación, la cual había sido electa mediante una asamblea celebrada el 4 de noviembre de 1990 y que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 1992. La presidía Raymundo Arturo Lara Martínez, secretario general.

Las presiones y amenazas no se hicieron esperar, pues se trataba de ablandar a los socios sindicales para que cedieran las propiedades del sindicato. Ante la negativa de los miembros de la mesa directiva de prestarse al juego oficial, varios miembros de esa directiva fueron secuestrados.

Según relata el abogado Pulido Cueto en su exposición de hechos, la orden del secuestro la giró Fernando Gutiérrez Barrios, entonces secretario de Gobernación, y Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo.

“En contra de su voluntad, los socios fueron llevados a la Ciudad de México y, con lujo de violencia, fueron torturados en instalaciones de la Secretaría de Gobernación. También fueron amenazados de muerte junto con sus familiares “por oponerse a las ilegales acciones del gobierno”.

Mientras eso ocurría en la Ciudad de México, en Veracruz la Secretaría de Hacienda le otorgó un crédito fiscal a la unión para cubrir los impuestos que adeudaban. Extrañamente, los miembros de la comisión liquidadora se entrevistaron con el administrador fiscal de Veracruz y le propusieron pagar la deuda otorgando los edificios que eran propiedad de la organización.

En total fueron cuatro los inmuebles que tuvieron que ceder, pero en ningún momento se realizó una asamblea con los socios para disponer de dicho patrimonio.

Según Pulido Cueto, ese requisito era una “exigencia legal insoslayable”, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 44 de los estatutos sindicales “para poder llevarse a cabo un acto jurídico de esa trascendencia, como era autorizar la desincorporación de bienes inmuebles del patrimonio del grupo, era indispensable que se obtuviera la aprobación de una asamblea extraordinaria con el 51 por ciento de los votos de los socios. Eso nunca se realizó.

Otra anomalía detectada fue que la comisión liquidadora que tenía el poder notarial, al momento de firmar el mismo, solo comparecieron como socios de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz y no como socios del sindicato de maniobristas.

De esa forma, el gobierno federal se apropió de los edificios. Incluso uno de ellos fue vendido en 2016 a Banca Mifel SA de CV., lo cual es ilegal, según Pulido Cueto, porque existe un juicio de nulidad interpuesto ante las anomalías detectadas durante la requisa, la cual está en litigio.

Dicho juicio –en el que reclaman la nulidad de la requisa al puerto de Veracruz por fraudulenta– se ventila en el juzgado sexto de primera instancia de la ciudad de Veracruz, el cual está pendiente de curso; también interpusieron una denuncia por la privación ilegal de la libertad y tortura a la que fueron sometidos varios socios cuando fueron llamados por Fernando Gutiérrez Barrios.

Después de que el gobierno federal disolvió la empresa y pulverizó al sindicato, procedió a la creación de tres sociedades que se constituyeron exprofeso para reactivar la marcha de las operaciones en la terminal marítima del puerto de Veracruz.

Se afirma que International de Contenedores de Veracruz SA de CV (ICAVE), Corporación Integral de Comercio Exterior de Veracruz (CICE), por ejemplo, fueron constituidas en tiempo récord y no dudan de que detrás de dichas compañías haya políticos que, al ver la oportunidad del gran negocio portuario, utilizaron prestanombres para quedarse con el control del puerto.

Los maniobristas acusan que esas firmas les robaron toda la maquinaria que era propiedad de la agrupación. No solo eso: desde 1991 hasta la fecha, acusan, esas compañías “no le han pagado un solo peso a los socios sindicales”.

La impunidad que ha imperado en ese caso también ha permitido, por otra parte, que Icave se haya asociado con el consorcio chino Hutchinson Ports, lo que derivó en el megaconsorcio Hutchinson Ports-Icave que, junto con CICE, explotan las maniobras portuarias que el expresidente Carlos Salinas puso en sus manos mediante acciones que son calificadas como fraudulentas.

Entre los trabajadores afectados no cabe duda de que detrás de ese gran negocio puede estar el expresidente Carlos Salinas, políticos veracruzanos y posiblemente hasta el crimen organizado a través de varios testaferros.

La siguiente reunión que sostendrán los maniobristas será el próximo 27 de febrero. Es muy probable –dice el abogado Alejandro Pulido y el secretario general del sindicato, Gilberto Tejada– que se le dé curso al procedimiento de anulación de la requisa, las empresas sean intervenidas por Hacienda y nuestros edificios sean devueltos a la organización. En el peor de los casos, dice, que nos paguen lo que nos corresponde.

De acuerdo con los denunciantes, existe una lista de prestanombres que, aseguran, dan la cara por los políticos que se quedaron con el negocio portuario. Dicha lista la entregarán muy pronto a la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, para que se tomen las acciones debidas.

Se trata –dicen– de políticos de Veracruz y otros que, en su momento, alentaron la requisa para apropiarse del negocio. Por ello, la Secretaría de Hacienda procederá a investigar a los socios de CICE, según se desprende de los acuerdos a los que los socios maniobristas llegaron con las autoridades federales.

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