Treinta años después, cuando están a un paso de la sepultura, el gobierno reconoce violaciones causadas por la requisa que ordenó Carlos Salinas en 1991, con la que despojaron a los obreros de sus bienes sindicales y empresariales.

Después de tres décadas de que el gobierno de Carlos Salinas asestó duro golpe a los trabajadores del puerto de Veracruz con la requisa decretada en 1991, todo parece irse aclarando, aunque todavía falta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene la reparación por los daños causados por el atropello.

El abogado Alejandro Pulido, socio del sindicato de maniobristas, rescató este caso del fango, por no decir que debajo de las piedras. Era algo perdido en el tiempo, en el limbo, por decir lo menos. Todo estaba perdido cuando él y otros abogados –Víctor Carlebache, Carlos Vázquez y María Eugenia Santos– tomaron el asunto y decidieron pelear en los tribunales para exhibir las tropelías causadas por Carlos Salinas en aquellos aciagos tiempos en que se ordenó la requisa, donde los dirigentes del sindicato de maniobristas fueron, incluso, amenazados de muerte por Fernando Gutiérrez Barrios, el capo y político que encabezaba la Secretaría de Gobernación.

Todavía se recuerda con dolor y angustia entre los obreros cuando, en una reunión en la Secretaría de Gobernación, Gutiérrez Barrios habría ordenado lanzar al mar desde un avión a los dirigentes sindicales si no cedían el poder. Aquella práctica era común en los tiempos del oscurantismo político. Aquella amenaza fue verdaderamente brutal y no menos atroz. El solo recuerdo, dicen ellos, estremece hasta la médula. Y no era para menos. Así operaba el sistema político mexicano.

La requisa fue un golpe de muerte. Muchos socios del sindicato de maniobristas decidieron suicidarse al verse despojados de su patrimonio. Algunos se aventaron de las alturas de algunos edificios, otros decidieron emborracharse para dizque olvidar la tragedia y luego, con el aguijón del alcohol, se adentraron al mar hasta desaparecer para siempre en sus profundidades insondables.

Sin embargo, a 30 años de aquel evento trágico, el presidente López Obrador parece iluminar todos los rincones oscuros de esas vidas abandonadas y que actualmente, pese a que ha transcurrido el tiempo, ven la posibilidad de ser liquidados mediante la devolución de las cuentas bancarias de su sindicato, sus edificios y, quizá, con alguna ganancia adicional de las acciones –tenían el 70 por ciento– de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz (Serpover), fundada en 1973 por decisión del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.

Las negociaciones entre Alejandro Pulido –el apoderado legal de los trabajadores– y el gobierno van caminando por buena ruta: ya disponen de las tomas de nota de los tres sindicatos –checadores, estibadores y maniobristas– para que se concrete a devolución de patrimonio sindical del que fueron despojados en 1991.

Con base en sus propias indagaciones ahora se sabe que Jorge González Rull –un hombre multimillonaria que fue funcionario de Puertos Mexicanos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dueño de dos aviones, un Falcon y un Lear Jet– fue el encargado de liquidar a la empresa Serpover en 1997, seis años después de la requisa, sin que mediara asamblea alguna de accionistas y en la forma más ilegal que se haya conocido. Un funcionario público entró a las finanzas de una empresa privada para disolverla. Grave violación que hasta hoy está impune.

El mismo González Rull fue el estratega gubernamental que creó las llamadas APIS (Administradoras Portuarias Integrales) que, en el caso del puerto de Veracruz, terminó arrancándole a los trabajadores maniobristas, checadores y estibadores la primera y segunda maniobra del puerto que actualmente explotan empresas privadas como CICE, ICAVE y otras, con la maquinaria que, en 1991, tenían los trabajadores portuarios sindicalizados. En aquellos años la primera maniobra correspondía a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz y la segunda al sindicato de maniobristas, quienes a su vez, eran socios de la compañía.

Lo que asegura el abogado Alejandro Pulido no se puede refutar porque es verdad: las nuevas empresas que operan en el puerto “nos despojaron tanto de la maquinaria como de los edificios que formaban parte del patrimonio sindical y estamos peleando” –dice– que el gobierno nos devuelva lo que nos pertenece: cuentas bancarias incautadas, maquinaria y edificios”.

Y es que, a la vuelta de los años, queda muy claro que el objetivo de la requisa portuaria que ordenó Carlos Salinas en 1991 –avalada por el entonces gobernador de Veracruz Dante Delgado, un corrupto que ahora dice ser demócrata y honesto desde su partido político Movimiento Ciudadano– fue despojar a los trabajadores de su maquinaria, de su trabajo y de sus derechos sindicales que, hasta ahora, parecen ser reivindicados para quienes sobreviven porque la mayoría de los más de 800 socios del sindicato de maniobristas, checadores y estibadores han muerto por suicidio y/o enfermedad. Otros ahora cargan con 80 años o más.

De acuerdo con el abogado Alejandro Pulido –un hombre que ha enfrentado una dura batalla legal para rescatar el patrimonio de los trabajadores portuarios– las APIS fueron creadas para que sirvieran como intermediarias para transmitir, vía una concesión, a otras personas morales (empresas) las actividades que realizaban en el puerto de Veracruz los sindicatos de estibadores, maniobristas y checadores.

Pero con la diferencia –precisa Pulido– de que las concesiones que ellos tenían no podían entregarse a otras empresas, pues las tenían que desarrollar ellos mismos y, con ello, se aseguraron que los ingresos obtenidos por prestar sus servicios se quedaban en el puerto de Veracruz.

Con el nuevo esquema, implementado a partir de la creación de las APIS, la diferencia estriba en que los servicios portuarios se concesionaron a las empresas ICAVE, CICE, OPG y CTV y, con ello, los ingresos multimillonarios generados de la actividad portuaria, terminan en los bolsillos de políticos que operaron durante la requisa –uno de los más beneficiados fue Dante Delgado– y en los de empresarios extranjeros, con lo cual se afectan las finanzas del país.

Una conexión política interesante es la que traza el abogado Alejandro Pulido con algunos personajes de la historia que están vigentes. Se refiere a Eugenio Garza Sada, el empresario regiomontano cuyo asesinato –dice– fue atribuido a Luis Echeverría Álvarez.

Garza Sada es padre de Eugenio Garza Lagüera –fallecido en 2008– un próspero empresario regiomontano que en su historia ha tenido tres yernos: Roberto Hernández, exdueño de Banamex; José Antonio Fernández Carvajal, mejor conocido como el Diablo, y Alfonso Romo, actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y principal impulsor de los proyectos económicos del gobierno.

Alejandro Pulido afirma que Gilberto Lozano, dirigente de Frenaaa, fue director de FEMSA –la empresa que opera la Coca-Cola en México y la cadena de tiendas OXXO y ha sido siempre subordinado de Fernández Carvajal, el Diablo. El hermano del Diablo –Juan Ignacio Fernández Carvajal– fue durante siete años director de la API de Veracruz, donde operó millonarios contratos en favor de las empresas que se beneficiaron durante y después de la requisa que ordenó Carlos Salinas en 1991. He aquí la ligazón.

López Obrador ha ofrecido justicia para los obreros portuarios que fueron despojados. Todo indica que, hasta ahora, las negociaciones van por buen camino.

Lo que queda claro es que los trabajadores portuarios –maniobristas, estibadores y checadores –recibirán lo que les corresponde, pero no volverán a tener el monopolio laboral y sindical que tuvieron en el pasado. Las multimillonarias ganancias que genera la actividad portuaria– y cuyos beneficiarios son los políticos y socios empresariales– seguirá en manos privadas.

Como siempre ha ocurrido, Veracruz y otros puertos seguirán siendo un botín privado.

Texto extraído de www.sinembargo.mx

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