La aprobación de madrugada en el Senado de la República de la Ley de Seguridad Nacional, el 15 de diciembre, y la ratificación de los cambios cosméticos a nueve artículos en la Cámara de Diputados no frenó el descontento nacional e internacional generado por el nuevo ordenamiento que implica un aplastamiento a las demandas de respeto a los derechos humanos en México.
A pesar de la temporada decembrina, jóvenes activistas protagonizaron el fin de semana una movilización inesperada a las afueras de Los Pinos para reclamar a Enrique Peña Nieto que cumpliera con sus facultades presidenciales y vetara la ley. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la coalición de organizaciones #SeguridadSinGuerra.
Con consignas como “Veto a la ley golpista” o “Alto a la guerra, no a la Ley de Seguridad Interior”, cientos de jóvenes que marcharon de la Estela de Luz de avenida Reforma hasta las rejas de la residencia oficial de Los Pinos para protestar por la polémica ley dejaron claro que no habrá amnistía cívica frente a esa imposición de la coalición oficialista del PRI, Verde y sus aliados del PAN y otros
partidos.
Los contingentes marcharon con banderas de la comunidad lésbico-gay, de distintos colectivos urbanos de jóvenes anarquistas o de activistas de derechos humanos que durante la última semana se han expresado en contra de la Ley de Seguridad Interior.
La entrada a Los Pinos estuvo herméticamente protegida por elementos del Estado Mayor, decenas de granaderos, camiones y toletes listos para usarse ante algún brote de violencia, como si se cumpliera uno de los supuestos de la iniciativa.
Uno de los incidentes reportados por los medios fue cuando un joven encapuchado amenazó con lanzar objetos a los granaderos. Lo despojaron de un aerosol y de un encendedor. Surgió la el reclamo: “esa ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para
matar”.
El reclamo de los manifestantes fue claro: “Así nos recibe Peña Nieto, como si fuéramos los peores delincuentes”. “¿Este es el diálogo que ofreció?”, preguntaron, en clara referencia a la promesa del 8 de diciembre de hacer un “diálogo incluyente” a través del Senado antes de aprobar la ley.
La movilización internacional contra la ley también inició, ayer, un grupo de 10 organizaciones internacionales que anunció la conformación de un observatorio sobre México para “vigilar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos” en nuestro país.
La coalición está formada por organizaciones como Amnistía Internacional, el centro por la justicia y el derecho internacional, la coordinación alemana por los derechos humanos en México, la fundación por el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Open Society Justice Initiative, la organización mundial contra la Tortura, brigadas internacionales de paz y el centro de derechos humanos Robert F Kennedy.
Nunca antes se había formado una coalición de este tipo para colocar a México en el banquillo de la observación, elevando la imagen internacional de nuestro país a la situación similar en Venezuela, Siria o Corea del Norte. Golpe frontal a la “cancillería activa” de Luis Videgaray.
En paralelo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, más la CNDH y Amnistía Internacional exhortaron en comunicado conjunto al presidente Enrique Peña Nieto a vetar la ley.
Advirtieron que si Peña Nieto no atiende los llamados, los actores involucrados en la aprobación y aplicación de la ley deben interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia “a efecto de que sea sometida a revisión judicial”.
El presidente de la CNDH Luis González Pérez advirtió que el organismo analiza la posibilidad de interponer la controversia constitucional si el Ejecutivo federal ignora los llamados. El bloque de senadores del PT-Morena, más los legisladores del PRD y del PAN que votaron en contra también analizan interponer una acción de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la Ley de Seguridad Interior está en el banquillo de los acusados y ni el intenso cabildeo del alto mando de las Fuerzas Armadas y la deliberada intención de silenciar el tema en los medios masivos va frenar la oleada de
impugnación.

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