Víctimas de feminicidio necesitan reparación integral, no solo económica

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HAZEL ZAMORA MENDIETA Y ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA (Cimac Noticias)

Ciudad de México.- El Estado mexicano no consigue reparar el daño a Romeo, huérfano a los tres años. Su madre, Serymar Soto Azúa, fue víctima de feminicidio en Coahuila en 2017. Ella tenía apenas 21 años el día que su pareja la impactó intencionalmente contra un vehículo.

Ahora, el infante está nuevamente en una situación de vulnerabilidad, sin que el gobierno responda por su protección. Su abuelo materno, quien obtuvo su custodia tras el deceso de la madre, falleció por el coronavirus (Covid-19). Romero y su abuela también contrajeron la enfermedad, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila aún evalúa si es pertinente otorgarles suministros esenciales como medicamentos y artículos de limpieza para la salud del niño y la adulta mayor.

La petición al órgano la realizó hace tres semanas la tía del menor, Sandra Soto Azúa, sin embargo, el periodo de cuarentena de la familia está a punto de terminar sin ninguna respuesta por parte de las autoridades.

“Como siempre, somos las personas cercanas a las familias de las fallecidas quienes tenemos que sacar esto adelante, y el Estado siempre es indiferente a estas situaciones”, expresó Soto Azúa en entrevista con Cimac Noticias.

La mujer exigió en 2018, por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que la federación garantice la reparación integral del daño a la niñez y adolescencia por no prevenir el feminicidio de sus madres. Presentó ante el organismo quejas no solo por el caso de su hermana, también acompañó a otras familias en Tamaulipas, Edomex, Ciudad de México, Chihuahua, Durango y Nuevo León.

La CNDH entonces recomendó al gobierno de Coahuila crear un programa específico para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio. Romeo es hoy uno de los 18 niños, niñas y adolescentes que reciben una compensación financiera de 4 mil pesos bimestrales. La atención psicológica y la garantía de otros derechos como a la salud y educación, así como el apoyo extensivo para otras víctimas que crecen cada vez que una mujer es asesinada, son aún una deuda en la entidad, señaló Soto Azúa.

A pesar de su lucha, ella como otras mártires indirectas del feminicidio no han sido llamadas para que sean escuchadas sus voces en la construcción del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio (Pnnaof), cuya creación anunció en julio el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) junto al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Cimac Noticias solicitó entrevistas al DIF y Sipinna, responsables de la política de la infancia, para conocer con detalle las implicaciones de ese esquema y su aplicación, no obstante, se han negado a ello bajo el argumento de que es una capacidad a cargo del Inmujeres; por su parte, este refirió que el protocolo estaría listo en próximos días y que sería hasta entonces cuando sea concedida una charla.

No solo es financiero

En la sentencia Caso González y otras (Campo Algodonero) vs México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los familiares de las mujeres pueden ser, a su vez, dañadas. En esa sentencia, la primera para la Coidh en ese tema, las madres de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, narran que los delitos ocurridos contra sus primogénitas afectó a toda la familia al grado de que otros integrantes, en algunos casos, buscaron el suicidio.

“Nos dañaron a toda la familia, mis hijos, ellos necesitan mucho apoyo psicológico porque les quitaron también una parte… Ya no estamos completos… Ahora les exijo, retribúyanme toda mi vida, porque mi vida ya no es la misma”, relató una de las progenitoras.

Con el fin de conocer los aspectos que debe tener el Pnnaof, Cimac Noticias entrevistó a la jefa de la unidad de derechos humanos de Amnistía Internacional en México Edith Olivares Barreta; a la psicóloga Edith Escareño Granados, quien ha participado en peritajes de impactos psicosociales en caso de hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas; y la psicóloga Ximena Antillón, experta en acompañamiento psicosocial e integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Las especialistas coincidieron en que si bien el feminicidio es un ilícito cometido por un particular, el Estado está obligado a reparar el daño integralmente a las víctimas indirectas del hecho por permitir que este siga ocurriendo en el país al no prevenir, no atender a las mujeres en riesgo, no investigar adecuadamente ni sancionar a los agresores.

Una reparación integral del daño, dijeron, tiene como objetivo principal que los infantes, así como sus abuelas que en muchos casos se convierten en sus madres, reconstruyan el proyecto de vida que les fue coartado.

No obstante, actualmente algunas entidades que, por exigencia de las víctimas, han impulsado políticas públicas al respecto solo prevén compensaciones financieras. En muchos casos, explicó Ximena Antillón, esas remuneraciones pueden resultar ofensivas. Ha habido casos, aseguró, en los que las autoridades les dicen que después de recibir dinero ya no pueden buscar justicia.

En otros hechos, una compensación económica mal ejecutada podría traer consecuencias negativas. Por ejemplo, explicó la también investigadora, en Ciudad Juárez fue aplicado una especie de “dolorímetro” bajo el que era asignado más dinero a unas personas que a otras. Eso generó la vivencia de desigualdad entre afectados que pertenecen a colectivos. Las medidas no tienen que generar más daños, conflictos o divisiones dentro de los órganos, dijo Ximena Antillón.

Un resarcimiento integral, coincidieron las expertas, incluye atención psicológica especializada, particularmente para quienes fueron testigos del asesinato y que considere la condición particular por edad, situación financiera, discapacidad, origen étnico y otra circunstancia diferencial de cada menor. Asimismo, quienes las atiendan deberán estar capacitadas y ser evaluadas sobre cómo realizar ese trabajo.

Si bien, el Estado ha priorizado hasta ahora la ayuda psicológica, ha dejado de lado necesidades de salud, alimentación o vivienda, las cuales, antes del hecho, las cubrían la madre o padre, que en varios casos es quien comete el crimen. Por ello, el gobierno debe cubrir también esas insuficiencias a largo plazo y reforzar a los cuidadores en esa tarea, además de estar al tanto de las implicaciones del sobrecuidado de quienes quedan cargo, agregó Escareño Granados.

Para la psicóloga, la ayuda para esas familias debe ser permanente y no restringirse hasta los 18 años de edad, ya que lo que pasaron deja secuelas a largo plazo. Eso implica, agregó, cubrir cuestiones de cuidado psicológico y de educación. Además, destacó, debe garantizarse la protección de los adultos que se hacen cargo de los niños en condición de orfandad, toda vez que en muchos casos enfrentan amenazas.

Por otro lado, tiene que garantizarse la seguridad jurídica de los infantes al asegurar la patria potestad, explicó Olivares Barreta. La integrante de Amnistía Internacional puso de ejemplo el caso de Alondra Guadalupe González Arias, asesinada en 2017 por su expareja en Jalisco; su madre, Nancy Arias, ha enfrentado fuertes dificultades para obtener la custodia del bebé de Alondra.

Cuando la joven fue ejecutada, su hija recién nacida ni siquiera estaba inscrita en el registro civil. La madre de Alondra ha estado a cargo de la menor todo este tiempo, pero sin ninguna certeza jurídica. Eso se debe a que las normas jurídicas, explicó Olivares Barreta, no establecen qué hacer en los casos que la progenitora es liquidada a manos del padre. A eso se suma que en algunas demarcaciones la legislación establece que cuando muere la madre, la patria potestad quedará automáticamente a cargo de los abuelos paternos.

Las especialistas en acompañamiento psicosocial refrendaron que para que una reparación sea integral, tienen que participar la víctima, ser escuchada en sus necesidades particulares y ser atendida. Especialmente, dijeron, debe escucharse a los niños para no dejar fuera de las investigaciones su vivencia.

Para Ximena Antillón, la compensación es parte de la justicia, ya que esta no solo es la sanción penal contra quien comete el crimen. El objetivo del resarcimiento integral no es regresar a los allegados al periodo anterior, que es de violencia y discriminación contra las mujeres, sino ir hacia uno mejor. “¿Cómo hace el Estado para garantizar a esas familias que eso que vivieron no va a volver a ocurrir? ¿Qué significa devolverle la dignidad que se tenía antes del hecho?”, expresó.

Por ello, un proceso completo debe contemplar también medidas de satisfacción: acceso a la verdad y justicia y medidas simbólicas para dignificar al afectado. Esas contribuyen a dignificar la imagen que los menores van a construir de su madre y abuela en el futuro y dan un mensaje a la sociedad de reprobación del feminicidio. También, tienen una dimensión pedagógica, explicó, que contribuiría a una reparación transformadora.

Por un plan administrativo de reparación

En México, explicaron las expertas, hay dos problemas con el feminicidio: el primero es la cantidad de víctimas de ese delito y el segundo es la impunidad. Si el gobierno funcionara eficientemente, lo que seguiría para los allegados tras un feminicidio sería una etapa de duelo, pero en la República después del hecho se entra en un proceso de exigencia de justicia y burocracia.

Las especialistas coincidieron en que los obstáculos que se encuentran al acceder a la justicia o reparación son revictimizantes, toda vez que ocurren filtraciones por parte del Estado y experimentan burocracia excesiva (papeleo, lenguaje técnico, cambio de personal) incluso para adherirse a la atención médica o un asesor jurídico y no tienen perspectiva de derechos humanos o género.

“La ruta podría estar bien trazada, pero al momento de ejecutarla no es nada factible. Llegar a esas atenciones requiere gastos, tiempo y dejar las labores o tener que dedicar gran parte de tiempo al tema jurídico, que deja de lado las necesidades reales y objetivas de esas familias”, explicó Escareño Granados.

Para Ximena Antillón, dada la cantidad de afectados de feminicidio en la nación, la federación tendría que pensar en cómo abarcar, a través de ese protocolo, al mayor universo de personas, hacerles saber que ese es su derecho y difundirlo en los medios de comunicación. Para ello, explicó, tiene que hacer un registro ágil, sin estándares de pruebas altos y que no esté supeditado a un proceso judicial. Para Fundar, la respuesta está en crear un programa de reparación del daño.

De acuerdo con Ximena Antillón, ya hay muchas experiencias de la sociedad civil del acompañamiento de esas víctimas y de desaparición que pueden retomarse por el gobierno, ya que es común que los mecanismos se hagan pensados en cómo filtrar o repeler a las personas para que no se integren a los esquemas.

“Nosotros somos cercanos a allegados de personas desaparecidas con quienes trabajamos. A través de ellos vemos cómo se implementan las medidas a través de la CEAV: resarcimientos inconsistentes, con diferentes criterios, hay una incapacidad de construir esa visión de un programa administrativo”, detalló.

La experta dijo que en ese sentido saludaba la creación de un protocolo de atención integral a las personas dañadas indirectas del feminicidio, no solo por la grave condición de vulnerabilidad en la que están, sino porque México debe generar condiciones para que las siguientes generaciones puedan no olvidar, integrarlo en nuestra historia y formar las condiciones para que eso no se repita.

“Es muy importante cortar esas espirales de violencia con las víctimas, generar oportunidades para que los niños no terminen otra vez en esas redes de agresión que operan ahí donde no hay oportunidades”, detalló. No obstante, dijo, se espera que el protocolo integre la participación de la sociedad civil y que tenga esa visión de un programa administrativo.

Por otra parte, Olivares Barreta, de Amnistía Internacional, llamó la atención sobre que ese esquema aún no es público en el Diario Oficial de la Federación (DOF). “Los anuncios son importantes, pero nos gustaría conocer los documentos que están detrás de esos anuncios, porque nos ha pasado con el Programa de acción emergente para atender los feminicidios, o el de Igualdad de mujeres y hombres, que desafortunadamente tenemos un mandato que anuncia en materia de igualdad pero no conocemos los papeles.

“Es muy difícil pronunciar documentos que no conocemos. Dijeron que estaban revisando este protocolo y lo iban a publicar en el DOF, pero en los hechos aún no existe un protocolo para atender a niños en condición de orfandad. También, se requiere un diagnóstico sobre la situación que viven los infantes víctimas de feminicidio, que hasta ahora no hay”, finalizó.

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