Ciudad de México.- Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto serían dos de los “verdaderos propietarios” de Caja Libertad y Servicios Financieros, de acuerdo con un empresario que presentó la denuncia que llevó al arresto del abogado Juan Ramón Collado Mocelo.

La “venta ilícita” de un inmueble en Querétaro llevó al empresario Sergio Bustamante Figueroa a descubrir, como él mismo afirma en diversas declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), las “actividades financieras ilegales” de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual hasta ayer era presidente del consejo de administración el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido e investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Bustamante Figueroa afirma que detrás de “esta organización delincuencial” están también los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del actual gobernador panista de Querétaro Francisco Domínguez Servién y el senador blanquiazul Mauricio Kuri González.

La orden de aprehensión girada contra Juan Ramón Collado y otras cuatro personas, relativa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, en poder de Sin Embargo, incluye las comparecencias del demandante ante la FGR. En ellas, el empresario asegura que como parte de las indagatorias e investigaciones que a título personal realizó, se enteró que dentro de Libertad Servicios Financieros son realizadas “actividades ilegales”, como el lavado de dinero.

También asegura que Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Rico Rico –expresidente de Cajas Libertad y con quien Bustamente trabajó– y Javier Rodríguez Borgio –empresario de Querétaro– “mediante contratos privados celebrados” entre ellos mismos conservan la propiedad y la mayor parte de las acciones de Libertad Servicios Financieros. Y acusa incluso que se han manejado en complicidad con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues afirma que ha sido omisa “en intervenir y en su caso sancionar” a la institución pese a las denuncias en su contra.

Bustamante Figueroa dice que “en el actual consejo de administración (de Libertad Servicios Financieros), algunas personas representan intereses ocultos de otros personajes, mismos que también participan en los beneficios económicos derivados de los hechos ilícitos que se llevan a cabo en dicha institución financiera”.

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