La violencia sexual entre menores, es decir, el abuso de un menor de 18 años a otro del mismo rango de edad, considera como castigo únicamente medidas de orientación y penas mínimas en tutelares, mismas que no son aplicables a menores de 12 años, pues no pueden ser juzgados ni por el código penal ni por la ley para adolescentes.
De los 12 a los 14 años los menores reciben alguna medida de orientación y de los 14 a los 18 podrían ser recluidos en centros de internamiento de justicia para adolescentes.
Especialistas refieren que no tendría que reformarse la ley, pues la responsabilidad de que un menor de 12 años agreda a otro es de quienes lo rodean (padres, familiares y la sociedad) y no de él, quien actúa inconscientemente.

Niño de cuatro años agrede
a su compañera de preescolar

En diciembre de 2016, la madre de una estudiante del preescolar Colegio Escocés, ubicado en la colonia Santa Matilde, en Zempoala, presentó ante la subprocuraduría de derechos humanos y servicios a la comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), una denuncia por violación a su hija de cuatro años.
Según el relato de la madre a este diario, los hechos ocurrieron el 28 de noviembre dentro del salón de clases de la institución perteneciente al Consorcio Educativo Londres-Uclah.
Su hija, una niña de cuatro años que cursaba el preescolar en dicha institución, salió lastimada y sin hablar; familiares le preguntaron qué pasaba hasta que ella les contó.
La menor explicó que un compañero le bajó la ropa en el salón de clase e introdujo los dedos en sus genitales.
Luego de conocer los hechos, la madre de la menor acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), entre otras instancias, donde obtuvo la misma respuesta: al ser un menor de edad no se podía hacer nada en contra del presunto agresor, solamente canalizarlo a terapia psicológica.
Hasta cierre de esta investigación, autoridades no presentaron más responsables y el caso quedó en la terapia psicológica a los niños, tanto a quien realizó los actos como a la víctima.
En su momento, la redacción de este diario buscó contactar a la dirección del Colegio Escocés pero solo obtuvo una negativa.
Casos Hidalgo

En lo general, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó, hasta la década pasada, que en el mundo 150 millones de niñas y 73 millones de niños experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto físico aunque, según el organismo, es un cálculo por debajo del real.
En México, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2012 realizada por el Instituto Federal Electoral (hoy INE), que cuestionó a menores del país sobre casos de maltrato y violencia sexual, 13.1 por ciento de niños y 9.4 de niñas, entre seis y nueve años, reconocieron abusos por parte de algún miembro de su familia.
Mientras que 9 por ciento de niños y 6.2 de niñas de 10 a 12 años dijeron ser víctimas de algún tipo de abuso.
Finalmente, 6.1 por ciento de los adolescentes y 4.6 por ciento de las adolescentes aceptaron ser víctimas.
En Hidalgo, la consulta infantil 2012 arrojó que 11.8 por ciento de niños y 8.3 de niñas, de entre seis y nueve años, declaró que algún miembro de su familia tocó su cuerpo, cifras por debajo de la media nacional.
En el rango de 10 a 12 años, 9.7 por ciento de niños y 6 por ciento de niñas de la entidad reconocieron que alguien tocó su cuerpo, el caso de los niños se mantuvo por encima de la media nacional de 9 por ciento.
En los adolescentes de entre 13 y 15 años de Hidalgo, 6.3 por ciento aceptó haber sido tocado, mientras que de las adolescentes en el mismo rango de edad, 5.1 declaró sufrir abusos, ambos por encima de las respectivas medias nacionales.

Nosotros como personas adultas y como sociedad estamos obligados a generar a los menores un ambiente sano para que se desarrollen de la mejor forma y que justamente no se violenten a ellos mismos ni a otras personas

 

Maricruz García Martínez Seiinac

Penas a menores de edad

En el caso de los menores de edad, la justicia mexicana no aplica el código penal, pues para juzgar a un menor de entre 12 y 18 años existe la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual desde el 18 de junio de 2016 tiene aplicación en todo el país.
Esa ley, dijo Escalante Richards, señala en su artículo 148 que si un menor ejecuta alguna conducta como violación o abuso sexual, tendrá diferentes medidas dependiendo de su edad.
Según el documento, sí el menor tiene entre 14 y 16 años se le impondrá una pena que no exceda los tres años, si tiene entre 16 y 18 la pena será de cinco años de prisión, en centros de internamiento para adolescentes.
Esto último en el caso de violación, pues en abuso sexual se podría aplicar una sanción diferente.

Reformas

Al igual que
la especialista
de Seiinac,
Gómez Tapia expresó que no debería reformarse la ley para penar a menores de 12 años, pues el trabajo realizado marcha bien.
Ambos concluyeron que un menor de 12 años no es el responsable de los actos, sino el entorno que lo llevó a eso

Para saber

Medidas a menores de 12 años

En caso de que el presunto agresor sea menor de 12 años, ni el código penal para Hidalgo, ni la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, son competentes para marcar las pautas de sanción.
En ese caso, explicó Maricruz García Martínez, coordinadora del área de infancias y ciudadanía integral de la organización Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac), es imposible que un menor de 12 años vaya a la cárcel, pues está al cuidado de otras personas y el resultado de cómo se desenvuelve depende de los adultos a su cargo.
Afirmó que en la mayor parte de los casos es muy probable que el menor agresor reciba violencia de otra persona.
Por eso es importante dar parte a las autoridades competentes para que valoren al niño y determinen si él también sufre abuso sexual.
Lo que procede en este caso como medida contra el menor agresor, únicamente es una canalización psicológica.
En ese sentido, el doctor en derecho José Luis Gómez Tapia, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), aclaró que el artículo 84 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual entró en vigor en diciembre de 2014, establece que autoridades federales, estatales y municipales garantizan que niñas y niños a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, se les reconozca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad ni sujetos a proceso alguno.
Los niños “infractores” únicamente serán sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles en su caso en el ejercicio de sus derechos, una de ellas que acudan a terapia psicológica.
El académico de la UAEH explicó que si el caso tuviera que resolverse en materia penal, podría darse la responsabilidad del delito por omisión, pues el artículo 17 del código penal para el estado refiere que en los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, es decir, que si podía evitarlo o era el responsable de proteger ese bien y no lo hizo, se convierte en responsable (sea institución o quien acepte cuidar a la víctima y debía evitar el delito).

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