Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan la demoledora realidad de la violencia que afecta a mujeres en Hidalgo. El tema va en tres sentidos. Por una parte, el fracaso de la políticas públicas implementadas por los gobiernos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, la descomposición del tejido social y la impunidad, como alimento de las cifras negras. Una ola de feminicidios prendió los focos rojos del gobierno de Francisco Olvera Ruiz en 2013 y llevó a establecer una serie de medidas inmediatas para abordar y erradicar la violencia contra el género desde los ámbitos públicos y sociales. Al encabezar la segunda sesión extraordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, el exmandatario reconoció que este problema ameritaba atención de todas las instancias de gobierno. “En este estado, como en otros del país, hay violencia contra el género; lo más grave es que se vive como algo cotidiano. No podemos permitir que esto sea parte de nuestra cultura”, citó aquella vez el exjefe del Ejecutivo. Demagogia. En abril de 2013, el gabinete en pleno rindió un informe sobre las acciones desarrolladas en el marco de dicho sistema, cuyo plan de intervención fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. En marzo de ese mismo año, el Congreso local aprobó por unanimidad la iniciativa que reformaba los códigos penal y de procedimientos penales del estado para tipificar el feminicidio con penas de 30 a 50 años de prisión. A siete años de aquella faraónica reunión celebrada en Pachuca y de esa histórica enmienda constitucional, nada ha cambiado. Desde entonces han ocurrido en Hidalgo más de 138 feminicidios. La periodista de esta casa editorial Adriana Hernández nos entrega una radiografía de la crudeza del tema. Para contextualizar, en promedio, diariamente 24 mujeres son víctimas de violencia en Hidalgo. El malogrado sexenio de Francisco Olvera tiene pocas cosas buenas qué recordar, sin embargo al menos se intentó atender desde las distintas trincheras la violencia contra este sector, algo que al parecer no encaja en las actuales políticas públicas. De filón. Para resolver un problema primero se debe reconocer que existe, lástima que al Instituto Estatal Electoral le faltaron dientes (voluntad) para atender el presunto fraude en Tulancingo.

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