Tal pareciera que el fortalecimiento de la actividad de los grupos y organizaciones que promueven la defensa de los derechos de las mujeres y las minorías formadas por homosexuales, transgéneros, bisexuales, y algunos otros, se ha visto acompañado de un incremento de las agresiones de todo tipo contra todos ellos y quienes los defienden. Agresiones que van de la negación verbal de sus derechos hasta el asesinato cargado de odio irracional.
Estas manifestaciones de odio están encabezadas por las campañas promovidas por organizaciones religiosas, principalmente de parte de la jerarquía católica de muchos países (con honrosas excepciones), manifestaciones públicas o clandestinas contra todo lo que represente al feminismo, a la defensa de los derechos de lesbianas y gays, a los derechos de tener una preferencia sexual diferente a las “permitidas”, ya sea por la religión, el dogma o incluso la ley.
Hemos visto multiplicarse y crecer desproporcionadamente los lugares donde se asesinan mujeres con toda la saña que puede acumular un conjunto de individuos, quienes cobijados por unas autoridades incompetentes, o prácticamente cómplices, se han dedicado a crear ambientes de terror, han construido negocios multimillonarios de trata de personas, de centros de esclavitud inconcebibles donde se explota a mujeres y hombres, a personas adultas, jóvenes, adolescentes o incluso niñas y niños, cuya vida transcurre en el más angustiante encierro y que frecuentemente terminan en una fosa clandestina.
Los delitos de ese tipo están íntimamente relacionados con las absurdas campañas que niegan todos esos derechos, que una sociedad libre y educada debiera promover y defender. La tolerancia, la seguridad, el respeto y la convivencia pacífica, están hoy siendo abolidas por un afán de ganancias donde todos los oscurantistas parecieran estar confabulados, desde los delincuentes organizados en bandas criminales hasta los agrupados en estructuras políticas protegidas jurídicamente.
Ya nadie cree en que el Estado mexicano esté combatiendo a los delincuentes que nos están llevando hacia un caos social que no tiene nada de humano. Es más, casi estamos seguros que la estructura de poder político en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, es promotor y beneficiario de este terrible estado de cosas que cada vez más nos llenan de terror, angustia y desesperación.
Vemos crecer exponencialmente los feminicidios, los secuestros de todo tipo, ya no para pedir rescate, pues la mayoría no puede pagarlo, sino para traficar con órganos, para esclavizar a mujeres y hombres en el comercio sexual, o para obligarlos a formar parte de las propias bandas delictivas.
Ciudad Juárez dejó de ser el lugar donde los feminicidios se realizaron por muchos años con toda la impunidad del mundo, y la omisión cómplice de las autoridades municipales, estatales y federales. Ahora esta situación se vive en casi todo el Estado de México, en Guerrero, en Morelos, en Hidalgo y en muchos otros lugares del país.
Existen paraísos delincuenciales como en Tenancingo, Tlaxcala, por mencionar el más conocido, donde la autoridad no investiga, no interviene, protege el comercio de personas privadas de su libertad en todo el país y llevadas hasta ese lugar para ser esclavizadas en pleno siglo XXI. Las televisoras a veces entrevistan a algunas personas de ese lugar, y se sorprenden de que los jóvenes quieran llegar a ser “padrotes” porque eso deja mucho dinero. Luego pasarán esas declaraciones en un programa transmitido en la madrugada.
Tlaxcala, paraíso también de muchos curas pederastas protegidos por la alta jerarquía católica y la autoridad cómplice que no se ha atrevido a juzgar a ninguno de ellos, a pesar de cientos de denuncias olvidadas en expedientes que se pierden o simplemente son olvidados por la burocracia política asociada a ese otro delito.
Veracruz, donde las olas de delincuentes asociadas con el gobernador actual fueron capaces de aprobar, en plena debacle del señor Duarte, una ley que nuevamente criminaliza a las mujeres que se atreven a abortar, y donde un violador que, sí acaso llegara a ser aprehendido, juzgado y sentenciado, recibirá una condena no mayor a cuatro años, mientras que la víctima (aun cuando sea una niña), si se atreviese a abortar, recibiría una condena superior a los 10 años de prisión.
Defender los derechos de tantas víctimas es una tarea gigantesca, que hasta ahora ninguna organización política, ni gobierno alguno han tomado realmente en serio. La famosa Alerta Amber, que ya nos cansamos de escuchar, pero que no disminuye los casos de desaparición, y no localiza con vida a la mayoría de los desaparecidos, es una muestra de que nuestra sociedad está siendo agredida permanentemente y no tenemos una respuesta a la altura de este enorme desafío.
¿Podrá alguna autoridad de nuestro país, algún día, pedir perdón por todo este enorme y angustiante daño que nos están provocando? ¿Podremos perdonarlos?

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