Con la reforma política electoral de 2014, los partidos políticos en el país tuvieron obligatoriamente que atender la paridad de género de manera horizontal, vertical y sustantiva en el momento de generar fórmulas propietarias y suplentes, además de registrar mujeres en distritos o municipios con posibilidad de triunfo.
Eso causó conflicto de los institutos políticos pues quedó demostrado que no estaban preparados para permitir mayor participación de la mujer en la vida democrática.
En Hidalgo, ese camino no fue fácil para el sector femenino pues en algunos casos las dirigencias estatales no respetaron dicho ordenamiento al pie de la letra y mucho menos la militancia pues los hombres se vieron desplazados en algunos municipios, lo que ocasionó señalamientos anónimos, ataques verbales, y propaganda negra, entre otras agresiones, es decir, violencia política contra las mujeres.

Creación de protocolo

Durante el pasado proceso electoral en Hidalgo los casos de violencia política hacia mujeres candidatas a presidentes municipales, regidoras y diputadas locales fueron más evidentes y, ante la falta de una atención integral por parte de las autoridades locales, 17 lograron ganar una alcaldía y 12 ocupan actualmente una curul en el Congreso estatal.
Para que esas situaciones sean atendidas de manera eficiente, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) encabeza las mesas de trabajo para la implementación de un protocolo de atención a la violencia política en contra de las mujeres; lo anterior, derivado del exhorto del Senado de la República para que los organismos públicos locales lo implementaran.
Las encargadas de organizar son las magistradas electorales María Luisa Oviedo Quezada y Mónica Patricia Mixtega Trejo, quienes reconocieron en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo la necesidad de contar con un mecanismo que proteja a la mujer en su participación dentro de la vida política y democrática del estado.
El antecedente que los senadores tomaron en cuenta fue el caso de Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, quien fue destituida del cargo de regidora de Zapotlán por lo cual impugnó ante la sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los magistrados encontraron indicios de violencia política por razón de género por lo que dieron vista al Congreso local y la contraloría interna del municipio, además de otras instancias para investigar los hechos.
“En ese punto de acuerdo del Senado llamó la atención un caso sucedido en Hidalgo, particularmente en Zapotlán, donde fue aplicado por primera vez el protocolo nacional emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en función de ello nos vinculan a las entidades para hacer lo propio”, refirió la magistrada Mixtega Trejo.

Paridad obligatoria
desató furia masculina

Ambas magistradas coincidieron en señalar que la reforma política electoral de 2014 abrió espacios para la mujer y eso provocó que los hombres se sintieran amenazados.
“Cuando hablamos de obligar eso implica y provoca que los hombres se vean amenazados en su esfera de acción. Lo que antes era predominante trabajo de hombres se abre por igual a las mujeres y genera violencia de tinte político con la finalidad de mantenerlas desplazadas”, explicó Oviedo Quezada.
La paridad de género obligatoria en la participación democrática del país ocasionó los actos de violencia. “Los hombres sienten una invasión a su esfera, consideraban que la participación política era eminentemente masculina, hoy que se sienten amenazados por el ingreso de las mujeres (la violencia) es una consecuencia muy desafortunada y se han dado casos”, mencionó por su parte Mónica Patricia Mixtega.

El protocolo

En conjunto con el Instituto Estatal Electoral (IEE), Congreso del estado, Poder Judicial, Instituto Hidalguense de las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres, Procuraduría General de Justicia y Comisión de Derechos Humanos estatales, el Tribunal Electoral de Hidalgo comenzó en abril la primera mesa de trabajo para la conformación del protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres.
De acuerdo con la magistrada María Luisa Oviedo, la generación de esa herramienta tiene la finalidad de regular el procedimiento a seguir en aquellos casos que se presente una situación dada, establecerá las acciones y la autoridad a intervenir.
Eso dará pie a la Legislatura local a comprometerse para decretar en la materia pues actualmente no existe un tipo penal específico de sanción sobre violencia política en contra de mujeres o las víctimas indirectas.
Sobre la actuación de las instancias involucradas, las magistradas del TEEH dieron a conocer que cada una de las instituciones tendrá delimitado su campo de acción; al tribunal electoral, como órgano jurisdiccional, corresponde conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que será el medio de impugnación a través del cual las mujeres que consideren sufrir violencia política en una elección o en el ejercicio del cargo público lo hagan saber.
El tribunal agotará el proceso del juicio y emitirá resolución si efectivamente los agravios son fundados o no. En caso de que así sea restituya a la ciudadana en el goce de los derechos político-electorales violados y si es violencia visitará a la institución que sea necesaria.
Por su parte, Mixtega Trejo consideró que el protocolo podría estar listo antes de finalizar este año y podría aplicarse en el próximo proceso electoral de 2018, cuando sean renovados el congreso federal y los estatales.

María Luisa Oviedo

Magistrada electoral

Agresiones contra candidatas

En el proceso electoral 2015-2016, donde fueron elegidos gobernador, alcaldes y diputados, el Instituto Estatal Electoral tuvo conocimiento de diferentes casos de violencia política a candidatas.
Tal es el caso de la aspirante priista a la presidencia municipal de San Felipe Orizatlán, Brenda Flores Franco, quien denunció una serie de descalificaciones en su contra por parte de su oponente panista Raúl Valdivia Castillo.
Otro más ocurrió en Atitalaquia, en donde la excandidata del PRI a la alcaldía, Guillermina Melo Vargas, fue amenazada tras llegar en sustitución de José Guadalupe Neri Páez. Sin embargo, el partido tricolor decidió enviar a Leticia González Corona como la abanderada en ese municipio.
En Actopan, la exaspirante del PRI a la presidencia municipal Edith Avilés Cano sufrió en diferentes ocasiones agresiones y amenazas por parte de los propios militantes y simpatizantes. La exdiputada local fue víctima de panfletos
en su contra, además de la aparición de cabezas de cerdo
y pintas en su casa.
Durante la campaña extraordinaria de Omitlán, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso un procedimiento sancionador especial por calumnias, difamación y violencia de género contra su candidata a presidenta municipal en Omitlán de Juárez, Estela Ríos.

 

¿Causal de nulidad?

La discusión en el país sobre las consecuencias de violencia política contra mujeres durante algún proceso electoral es la declaración de nulidad de una elección.
Las magistradas coincidieron en señalar que las legislaturas local y federal tendrán que reformar el código electoral para regular las agresiones por índole de género y la aspiración es considerar la nulidad cuando sea acreditada la violencia política.
“Nosotros como parte del tribunal no calificamos si es correcto o no y eso ya es una situación que el legislativo tendrá que ponderar si es necesario o se justifica el que sea considerada como causal”, indicó Oviedo Quezada.
Mixtega Trejo abundó que en algunos consideran necesario tipificar en materia penal y otros como una agravante, “esa es la discusión que se tiene a nivel nacional”. Además, resaltaron la necesidad de privilegiar la voluntad ciudadana en una elección y conservar la validez de los votos.
“Sería un ejercicio infructuoso que las personas salgan a votar y el tribunal basado en un hecho que no se probó porque no está bien documentado, anulara el voto, entonces esos deben ser puntos de ponderación del legislativo.”
Ambas consideraron efímero generar esa causal sin abatir actitudes contrarias al desarrollo político de la mujer en los partidos políticos.

 

Mónica Patricia Mixtega
Magistrada electoral

Estrategia

El Tribunal
Electoral de Hidalgo
comenzó en abril la primera mesa de trabajo para la conformación del protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres; tiene la finalidad de regular el procedimiento a seguir en aquellos casos que se presente una situación dada, establecerá las acciones y la autoridad a intervenir

¿Qué es violencia política?

El concepto
en razón de género,
incorporado a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, es definido como “acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”

Para saber

Protocolo exclusivo

La magistrada electoral Mónica Mixtega Trejo aclaró que el protocolo será exclusivo para mujeres como una forma de generar condiciones de protección en la participación política de la entidad. “Este protocolo es para atender la violencia política en contra de las mujeres, no de los hombres”, afirmó.
Sin embargo, el tribunal electoral y las demás instancias también atenderán casos de violencia política en contra del hombre, de lo contrario incurrirán en acto de discriminación y violatorio de derechos humanos.
Los casos documentados en el Tribunal Electoral de Hidalgo son en contra de mujeres pero hasta el momento no han existido demandas de hombres por casos de violencia política.
No obstante, para Mixtega Trejo “sí hay una discriminación positiva, son acciones afirmativas en favor de las mujeres precisamente por la condición y forma de participación en la vida política del propio estado”.
Al existir el machismo en la política hidalguense en donde un hombre debe “aguantarse” de señalamientos en su contra mientras participa en un proceso electoral, la situación de la mujer es diferente. “Son a valores entendidos, las mujeres no estamos jugando en esa cancha, entonces hay que crear las
condiciones para que los hombres participen
en las mismas condiciones.”
La aspiración de todas las instancias participantes en la creación del protocolo es la existencia de condiciones de igualdad en un futuro y que ya no sean necesarias medidas de protección para garantizar la participación equitativa en la vida política.
“No sé en qué generación vayan a participar en condiciones de igualdad pues al día de hoy todavía no se logra. Ni para poder acceder, ni al ejercer el cargo no participan en igualdad de condiciones; por eso estas acciones con la finalidad de lograrlo”, sentenció.

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