Vivos se los llevaron, vivos los queremos” es la frase que suele rezumbar en manifestaciones que claman la aparición de personas extraviadas por diferentes circunstancias en territorio nacional. Tamaulipas, Estado de México, Jalisco y Nuevo León encabezaban, hasta febrero de 2018, la lista de entidades con mayor número de personas desaparecidas, según cifras de la Secretaría de Gobernación. En Hidalgo, si bien el número de casos es minúsculo en comparación con esos estados, con apenas 177, no deja de preocupar la incidencia, sobre todo tratándose de una entidad que anteriores gobiernos nos vendieron como una de las más seguras para habitar. Hacia finales de 2017 y hasta abril de este año solo habrían sido localizadas dos personas cuyas desapariciones correspondieron al fuero federal, otras dos de esa misma jurisdicción siguen extraviadas. El resto, 173, son del fueron común y correspondería a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) su búsqueda y localización. Ese registro para el estado data de 2004, cuando fue reportada la primera desaparición en la geografía estatal. Por supuesto, no es digno de presumir que en territorio hidalguense desaparecen menos personas, si comparamos con otras entidades, pero tampoco es meritoria la efectividad de las fiscalías en ese apartado. Con una cifra de 37 mil 435 personas desaparecidas hasta el 30 de abril pasado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas dejó de funcionar. A raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en noviembre pasado, la publicación de las siguientes bases de datos estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. A pesar de este enroque administrativo, la solución de fondo está en la efectividad de las autoridades responsables, primero, de garantizar seguridad a los mexicanos y, en el caso de las personas desaparecidas, apresurar su búsqueda y localización. De filón. Cerca de un millón de litros de hidrocarburo decomisados en Hidalgo fueron devueltos a Pemex, en el fin de la cadena de corrupción.

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