Frente a la desgracia, la respuesta social ha reaccionado como hace 32 años. Por supuesto, han cambiado los mecanismos, hay una cultura de prevención, medios de comunicación que alertan y enlazan. Pero la reacción social tiene el mismo fundamento arraigado entre los mexicanos.
Y, mire usted, en esto de ayudar al prójimo no caben medianías ni mezquindades, como se ha demostrado en auxilio a la población afectada lo mismo por huracanes que sismos. No es, no ha sido la excepción la forma en que la llamada sociedad civil, esta que nació como por generación espontánea en los sismos de 1985.
Tres décadas han corrido en México para atender y meter en cintura a quienes, autoridades corruptas, otorgaban licencias de construcción a empresas apadrinadas por políticos, altos funcionarios entonces de las instancias públicas relacionadas con el ordenamiento urbano.
No, no fueron a prisión los peces gordos que avalaron construcciones erigidas con material de pésima calidad, que se desplomaron en la mañana del 19 de septiembre de 1985.
¿Se aplicará la ley a esos funcionarios y empresarios constructores que erigieron edificios de condominios carísimos, pero que han demostrado la misma ausencia de honestidad en el uso del material que presumieron de primera calidad?
Porque, mire usted, no se cayeron viviendas de colonias proletarias. La inmensa mayoría de los inmuebles abatidos por la fuerza de la naturaleza, se construyeron en colonias de clase media y media alta, donde las rentas son altas y, ni qué decir, el costo de una casa o un departamento en propiedad privada.
En efecto, hay excepciones como el del multifamiliar de calzada de Tlalpan, obra que data de hace más de 60 años; y otros inmuebles que, pese al mantenimiento en zonas como la colonia Roma Norte, no eran de reciente construcción.
Pero, vaya, más allá de buscar culpables en el otorgamiento de licencias, en el aval de quién o quiénes se hicieron de la vista gorda y permitieron que se ampliaran construcciones o se hicieran nuevas con materiales de tercera, en este momento lo fundamental es apoyar a quienes perdieron a algún familiar y el patrimonio.
Cuando ocurrió el primer sismo, el del 7 de septiembre, que devastó comunidades de Oaxaca y Chiapas, el secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade declaró que hay en el Fondo Nacional de Desastres Naturales una bolsa de 9 mil millones de pesos para atender tareas de sustento y reconstrucción.
Pero, el terremoto del 19 de septiembre amplió, con vastedad, los requerimientos y estos se ampliaron a la capital del país y los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. ¿Hay suficientes recursos para reconstruir y curar esa herida social? Tal vez.
Lo cierto es que se requería de voluntad política para que, valga la redundancia, los políticos asumieran el papel y la responsabilidad que les corresponde, especialmente a los representantes populares.
El problema, empero, es que hoy que han reaccionado con esa voluntad que incluso deberá obviar impedimentos legales, la sociedad civil los cuestiona y la oposición azuza contra el partido oficial porque se atrevió a dar el paso formal, fundamentado y legalmente sustentado para aportar los dineros que han vuelto carísima a la democracia.
Ayer, el PRI anunció que presentará una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y eliminar los diputados y senadores plurinominales.
Y se fue a los hechos y entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) un oficio mediante el que renuncia a las prerrogativas para lo que resta del 2017, que equivalen a 258 millones de pesos, para destinarlos al apoyo para los afectados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.
En ese tenor, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza y los coordinadores parlamentarios en San Lázaro y el Senado, César Camacho Quiroz y Emilio Gamboa Patrón, llamaron al resto de los partidos a ser congruentes y renunciar a ese mismo dinero, para que de inmediato se utilice en apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.
Infortunadamente, la respuesta de la oposición lindó en el regateo y el protagonismo. El coordinador de la diputación federal del PAN Marko Cortés asumió: “Hoy estamos viviendo un triunfo más del Frente de Ciudadano por México, porque finalmente el PRI-gobierno acepta la necesidad de ir a una reforma de fondo”.
De cómo la harán para pagar la nómina de sus trabajadores, porque no contarán con las prerrogativas en los tres meses restantes de este año y, la forma en que solventarán las campañas, entre ellas la presidencial en 2018, cada partido encontrará sus mecanismos.
Lo importante es que el dinero que hoy requieren millones de mexicanos en desgracia, se destine a su ayuda, a reconstruir a esas comunidades y colonias devastadas por la fuerza de la naturaleza. ¿Oportunismo? ¿Hágase justicia en los bueyes de mi compadre? Bueno, esas interrogantes y otros etcéteras sobran cuando el imperativo es tender la mano, sin regateos, a los mexicanos en desgracia. Digo.

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