La pandemia ha puesto al descubierto defectos estructurales que arrastra nuestro país desde hace décadas e Hidalgo no es la excepción. Incluso, en algunos renglones, Hidalgo está peor que el promedio nacional. Así ocurre con la situación laboral de quienes radicamos en esta entidad, donde siete de cada diez carece de un trabajo que le permita enfrentar la pandemia con seguridad social.

De acuerdo con la encuesta Data Coparmex, en Hidalgo solo tres de cada 10 trabajadores tiene un empleo formal, de modo que el 70 por ciento se encuentra vulnerable en caso de ser contagiado del Covid-19, pues no tendrá acceso al sistema de salud pública. Esto es grave, si consideramos que enfermarse de Covid implica gastos que pueden dejar en la ruina económica a las familias desprotegidas. ¿Cómo cambiar esa terrible ecuación? La respuesta no es fácil y no hay recetas mágicas.

El único camino para que Hidalgo deje de tener a la mayor parte de sus habitantes en la precariedad es crear un entorno que permita atraer inversiones y fortalecer su mercado interno. De esa manera se crearán plazas para trabajadores formales que se traducirán en mejores condiciones de vida. Se oye fácil pero no lo es. Y menos en un entorno adverso como el que ha dejado la pandemia durante buena parte de este 2020. De filón. Da la casualidad que en tiempo de elecciones florecen las detenciones contra personas que tienen una vida política activa en la oposición. Así ha ocurrido en los últimos tiempos, y sucede otra vez, justo cuando se reactivó el proceso electoral. Y en ese tenor, la diputada local morenista Roxana Montealegre denunció ayer a través de una carta que su familia ha sido víctima de persecución judicial, luego de que fue detenido su hermano GMS, supuestamente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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