A pesar de la guerra sucia, descalificaciones personales, información falsa, agresiones físicas y la cínica compra de votos, los mexicanos decidieron que su presidente sea Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque tienen la esperanza de que el gobierno retome la senda de la justicia social, abatiendo la desigualdad, superando rezagos en la competitividad de la estructura productiva y disminuyendo la alta vulnerabilidad en la que se encuentra la economía nacional, sobre todo en materia de autosuficiencia alimentaria.
Vivimos el paradigma de la sociedad digital, donde el conocimiento, la investigación científica y tecnológica, así como la innovación, se erigen como el eje transversal de toda nación que tenga como objetivo el desarrollo sustentable y el bienestar social equitativo, lo cual significa un giro en la historia de México, sustituir un modelo neoliberal, que se fundamenta en la privatización de toda actividad humana, incluyendo los derechos humanos y eliminando las prestaciones sociales, generándose la polarización social, la inhumana desigualdad y la pobreza, que en nuestro país es crónica para la mayoría de la población –de cada 100 mexicanos solo dos superan la pobreza, o sea que 98 nacen y mueren pobres–.
La evidencia son los más de 53 millones de mexicanos en situación de pobreza, el instrumento son las políticas públicas despojadas de todo sentido humano, superadas por la ambición mercantilista, propias de un gobierno empantanado en la burocracia y la corrupción, que ha hecho de la función pública un mercado negro para el mejor postor.
El Índice de Equidad Territorial, publicado por el Instituto de Estadística de Andalucía, muestra que la tasa de desempleo y deserción escolar entre jóvenes pasó de 25 a 34 por ciento en un 98 por ciento de los municipios de México, siendo Oaxaca e Hidalgo los que más preocupan; de los jóvenes entre 20 y 24 años, solo el 27 por ciento está estudiando, el 50 por ciento decidió no estudiar para dedicarse a trabajar, de los cuales el 60 por ciento está desempeñándose en el sector informal, por lo que el 23 por ciento no trabaja ni estudia, ¿qué hacen estos jóvenes para cubrir sus necesidades? ¿Los sostienen sus papás o delinquen?
Lo peor es que para aquellos que terminan la universidad, entre sus opciones está la falta de trabajo, y si lo encuentran es sin prestaciones sociales y con salarios en continua pérdida de poder adquisitivo por la creciente inflación.
La situación de los jóvenes mexicanos es “un futuro, sin futuro”, es uno de los costos de la desigualdad que ha propiciado el modelo neoliberal, donde solo ganan las empresas transnacionales, que son las que dominan el desarrollo científico y tecnológico aplicado a sus procesos productivos.
La falta de políticas públicas que atiendan a los jóvenes también deja sin ruta a la superación, a los que han logrado una formación en la ciencia y la tecnología, puesto que de 11 millones de científicos y tecnólogos, el 41 por ciento está desempleado, a pesar de que nuestras empresas requieren de personal altamente capacitado.
No hay políticas públicas que generen las condiciones para impulsar una sinergia positiva, entre academia y empresas, sobre todo con las Pymes y con los pequeños productores del campo, para incrementar su competitividad y, por ende, se impulse la movilidad social con salarios remuneradores.
México habló con su voto este primero de julio, en su mayoría con el enojo por la apremiante situación que tiende a agudizarse, que de no revertirse este proceso de precarización, llegaríamos a los niveles de una crisis humanitaria, generándose una inestabilidad política de consecuencias impredecibles.
Por ello, la tarea es cuesta arriba, se centra tanto en la generación de políticas públicas activas como de nuevas leyes que les den soporte operativo, por lo que el trabajo legislativo es fundamental; son los diputados y los senadores, en cumplimiento a su compromiso con los mexicanos, los que deberán allanar el camino hacia una sociedad socialmente justa, sin corrupción ni delincuencia.
Basarnos solamente en la inversión extranjera directa y poner a las transnacionales en el centro de la economía nacional, haciendo a un lado a los pequeños productores manufactureros y del campo, como hasta ahora, no garantizaría el cambio social e incluyente que el país necesita. ¿No lo cree usted?

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