El Poder Judicial de la Federación ha mostrado, después de tantos amparos que ha concedido a grupos contrarios al obradorismo (dice Obrador que 80, y el más reciente, detendrá las obras de Santa Lucía por un año), que sus intereses se encuentran anclados en la antigua estructura de poder presidencial y de grupos de poder afines, en donde ese poder en particular fue siempre, y a pesar de las reformas en anteriores gobiernos, un instrumento para inclinar la justicia a favor de los poderosos.

En la historia moderna de México, el Poder Judicial nunca ha sido un poder autónomo. Siempre ha estado al servicio del presidente en turno y si no está a su servicio (momentáneamente), es porque el presidente saliente quiere extender su mandato e influencia más allá de su sexenio. Entonces, el nuevo titular del Ejecutivo es capaz de llevar a cabo cambios sustanciales, sin importar la Constitución, con el fin de sincronizar la práctica de ese poder a los intereses de quien ocupa la titularidad del otro poder, el Poder Ejecutivo.

Por supuesto que las reformas se llevan a cabo con el cuidado y el esmero que demanda el ejercicio del poder: salirse con la suya y que, finalmente, terminen por alzarle la mano, como en el boxeo. A través de un discurso democrático y progresista se convence a la opinión pública de las bondades de la reforma, que requiere de la utilización de la poderosa maquinaria estatal que incluye a partidos políticos, representantes populares de los poderes, dinero, líderes de opinión pública, etcétera, para imponerla.

El Poder Judicial de la Federación fue hasta diciembre de 1994 un poder cuyos miembros, los llamados ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran “inamovibles” en sus cargos. En el mismo mes en que Zedillo tomó protesta, el último día de diciembre de 1994, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma al Poder Judicial a través del cual el Poder Judicial de la Federación se redujo de 26 miembros a 11, con un presidente de la misma.

Con esas reformas, los años en que deberían permanecer los ministros en su cargo, se redujo a 15.

Comentaristas políticos (Rivapalacio, Granados Chapa, Sergio Sarmiento, entre otros) cuestionaron la decisión de Zedillo, porque dijeron, tendría su propia corte y violaba el poder de inamovilidad de los ministros. El jurista Emilio Krieger dijo que las reformas era una “zedillización” del Poder Judicial, la subordinación de ese poder al Ejecutivo. (ver la revista El Cotidiano.

En: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/17203.pdf).

El abogado Burgoa Orihuela, manifestó que lo que hacía Zedillo era convertir a los ministros en empleados del Ejecutivo. Cuestionó el despido masivo de magistrados y el elevado costo que implicaba su liquidación. Pero estas declaraciones aparentemente críticas, no tenían fundamento debido a que en realidad la mayoría de los 26 ministros operaban como empleados del Ejecutivo en turno, como como lo mostraba el sentido de la reforma zedillista: deshacerse de un aliado del salinismo.

Los entonces 26 miembros del Poder Judicial, habían sido nombrados por Miguel de la Madrid (15), Salinas (9), Luis Echeverría (1) José López Portillo (1). Es decir, era una corte madridista y salinista (de acuerdo a la información recabada por Guillermo Ruiz y Alberto Rocha, autores del artículo de la revista ya citada). En la actualidad es relevante la influencia panista y priísta.

Lo que hizo Zedillo con la reforma fue poner al corriente el rol que tradicionalmente el Poder Judicial había desempeñado, en el antiguo ritual presidencial del partido único y del poder presidencial: someter al Poder Judicial. Zedillo entendió que el Poder Judicial, madridista y salinista, actuaría en función de los intereses transexenales de Salinas y que eso le restaría poder como presidente. Y la reforma tuvo como fin evitar convertirse en una marioneta de los intereses del presidente saliente: Carlos Salinas.
La reforma de Zedillo fue calificada en realidad como un “golpe de Estado” por el salinismo y otros sectores de la sociedad (ver la revista El Cotidiano. En: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/17203.pdf).

Como era de esperarse, la integración paulatina de nuevos miembros al Poder Judicial fue una sorda lucha de los grupos de poder que trataron de colocar en espacios de poder a ministros que respondieran a sus intereses, pero afines al poder presidencial en turno.

Geraldine González, en la revista Nexos (09/10/2012), presenta un análisis de la actuación de dos ministros que ingresaron con la reforma zedillista de 1994, y que terminaban sus funciones en ese año. Se trata de Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia. En el primer caso, más allá de sus posturas conservadores sobre temas como el matrimonio entre personas de mismo sexo o los casos de la periodista Lydia Cacho y la guardería ABC, sus votos se concentraron en apoyar en las sentencias en las relacionadas con controversias asociadas al panismo.

La reforma estuvo precedida por la crisis económica del “error de diciembre”, el asesinato de Colosio, Francisco Ruiz Massieu y el Cardenal Jesús Posadas Ocampo, de la detención del hermano de Salinas, Raúl por lavado de dinero, así como por el interés del presidente Salinas por instaurar un “Salinato” al estilo del callismo de la primera mitad del siglo XX. Zedillo sabía que tenía el control del PRI y con la mayoría de diputados y senadores, también el Poder Legislativo.

Pero faltaba el Judicial y lo logró. El obradorismo vive la misma experiencia del zedillismo. Está enfrentado a un poder que responde a los intereses de los derrotados el primero de julio.

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